sábado, 16 de agosto de 2008

Perú: Nuevas empresas mineras tienen a Piura en la mira


La actividad minera en Piura se vuelve cada vez más complicada, pues además del conflicto con Minera Río Blanco Copper S.A. (antes Minera Majaz S.A.) se suma la presencia de la empresa Buenaventura en la margen izquierda del río Piura, y ahora las iniciativas de Minera Arasi S.A.
Tal situación fue revelada por el el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú quién informó también del hallazgo de vestigios de uranio -un metal radioactivo- en los fosfatos de Bayóvar que son explotados por la empresa Vale Do Rio Doce, de capitales brasileños.
Como respuesta la población de Tambogrande viene reorganizando sus colectivos locales, con el apoyo de la municipalidad, las asociaciones de agricultores y otras organizaciones para enfrentar la problemática.
La fuerte presencia minera en el norte del país, es una preocupación latente para sus pobladores, que ven no sólo invadidas sus principales zonas de cultivo, sino que consideran la presencia de las mineras en la región como un grave riesgo para los ecosistemas y fuentes de agua locales.
La minería representa además para la población piurana una traba para fortalecer su modelo de desarrollo, basado en la agroexportación (frutas y productos orgánicos), la agricultura, la ganadería y el turismo.
Según Javier Jahncke, miembro de Fedepaz y del Grupo de Apoyo de la Red Muqui para el caso Majaz “son muchas las inquietudes que tienen las comunidades campesinas respecto al tema” y el Observatorio “pretende prevenir problemas que se puedan dar por el incremento de las actividades mineras”.
Sobre el caso Majaz, ha quedado claro que el gobierno sigue respaldando a la empresa Minera Río Blanco S.A.(Minera Majaz), y que la aprobación de una serie de decretos legislativos a favor de la inversión minera la favorecen directamente, indicó Jahncke.
“A pesar de haber quedado plenamente demostrada la situación ilegal de la empresa y la violación de derechos de la población, a través de informes de la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República el gobierno el gobierno no las toma en consideración” expresó.
Lo mismo sucede con la resolución emitida por el organismo supervisor OSINERGMIN que establece responsabilidades y sanciona a Minera Río Blanco por haber faltado a sus compromisos ambientales y por haber realizado mayores actividades a las que estaba permitida, dijo.
Ante la confirmación por funcionarios de Río Blanco de convertir a Huancabamba y Ayabaca en un distrito minero “urge la aplicación de una evaluación ambiental estratégica para establecer los impactos globales y no verlos de manera aislada, puesto que así no se pueden establecer su real magnitud” señaló.
El Segundo Informe del Observatorio de Conflictos Mineros también da cuenta de la persecución que sufren organizaciones no gubernamentales y dirigentes comunales en represalia por advertir las malas prácticas de las empresas mineras.
Por el caso Majaz, treinticinco personas que impulsaron la consulta vecinal, fueron denunciadas por terrorismo, y son investigadas en la Quinta Fiscalía Penal Provincial de Piura, incluido el propio Javier Jahncke.
A la fecha son cerca de trescientos las personas, entre dirigentes comunales y autoridades, que son investigadas o procesadas por el caso Majaz.
Decretos 1015, 1073 y 1064
En referencia al reciente paquete de decretos legislativos, Jahncke señaló que solo tiene comparación con el realizado en el año 1992 por el gobierno de Fujimori, donde se dio la primera gran modificación normativa en apoyo a las inversiones.
En esta ocasión los citados decretos legislativos han generado un trato discriminatorio hacia el derecho a propiedad de las comunidades campesinas y nativas.
“Existen figuras como la copropiedad en el derecho civil y la sociedad anónima en el derecho societario que establecen que para cualquier acto que afecte los bienes de propiedad de los copropietarios (alquiler, venta, etc), se debe tomar la decisión por unanimidad y en el caso de la sociedad anónima en primera citación los 2/3 y en segunda los 3/5, pero nunca el gobierno se atrevería a modificar dichos parámetros normativos” señaló Jahcnke.
Sin embargo, pese a que la propia Constitución reconoce la autonomía de las comunidades campesinas y nativas, interviene para afectar su derecho y reducir el porcentaje de aprobación para afectar su propiedad.
“La tierra es, en muchos casos, probablemente el único bien de las comunidades y esto lo hace el gobierno porque en su política las ha catalogado como “perros del hortelano”.
El Decreto Legislativo 1064 incluso permite que se pueda modificar el procedimiento que existe para otorgar una servidumbre minera, flexibilizando aún más a favor de las actividades mineras.
A pesar que la naturaleza de la servidumbre es facilitar temporalmente la realización de una actividad se la pretende utilizar para permitir la explotación minera y dejar de lado el acuerdo previo con las comunidades campesinas y nativas.

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