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21 de agosto del 2008Los decretos sobre comunidades expedidos por el gobierno “ponen en riesgo la existencia” de los pueblos y comunidades indígenas “al flexibilizar los requisitos para adoptar decisiones respecto a la transferencia de la propiedad colectiva sobre la tierra y afectar la relación transcendental de los indígenas con la tierra”.
- Informe Socio Jurídico sobre Decretos Legislativos Vinculados a Derechos de Pueblos Indígenas (PDF, 47 páginas).
Esa es una de las conclusiones del informe socio jurídico elaborado por la doctora Patricia Urteaga Crovetto y que ha sido elaborado por encargo de la institución danesa de cooperación solidaria IBIS.
La conclusión señalada es más evidente, aún, “cuando el Gobierno busca homogenizar el régimen legal de las tierras de las comunidades de costa, sierra y selva, desconociendo las diferencias fundamentales que existen entre ellas” señala el informe.
Una primera conclusión es que algunos de los Decretos Legislativos dados en el marco de la reglamentación para la implementación de Tratado de Libre Comercio vulneran “el principio de seguridad jurídica respecto a las tierras comunales al flexibilizar el marco de adopción de decisiones para la disposición de las mismas para convertirlas en bienes transables en el mercado”.
Una segunda conclusión es que al mismo tiempo que vulneran los derechos indígenas “estas normas buscan crear o fortalecer un mercado de recursos naturales, que son convertidos en bienes económicos (agua, bosques, tierras, fauna silvestre, etc.)”.
“Sin embargo, aquí el Gobierno estaría partiendo de la falsa premisa de que las comunidades están en igualdad de condiciones con los actores económicos más fuertes para negociar sobre estos bienes” indica el documento.
Una tercera conclusión es que en el afán de liberalizar la economía el Gobierno estaría poniendo en riesgo el aporte de las comunidades a la agricultura, agudizando la crisis alimentaria, pues los mercados incentivarán la siembra de productos que son más rentables y, no necesariamente, los que complementen la dieta alimenticia de la población”. Esto conllevará que se agudice la escasez de alimentos y se dependa más de los mercados externos.
De igual modo se desarticularán las redes alrededor de economías de pequeña escala, lo que traerá consecuencias negativas sobre estos pequeños agricultores y sus familias al ponerse en riesgo las pequeñas propiedades de los pequeños agricultores.
Una cuarta conclusión es que, previsiblemente, al ponerse en el mercado las tierras comunales, los agentes de mayor capacidad económica las adquirirán, entre ellos compañías mineras y petroleras, lo que podría contribuir a incrementar la contaminación de las tierras y los recursos naturales.
Ello pondría en riesgo las fuentes de agua, los derechos y las prácticas que sobre los recursos naturales tienen y usan los pueblos y comunidades indígenas.
El informe se elaboró con la finalidad de contar con una evaluación técnicamente consistente, sobre la existencia de vulneración de derechos de pueblos indígenas, ubicados en el Convenio 169 de la OIT suscrito por el Estado Peruano.
IBIS es una organización danesa, con principios democráticos, con independencia política y sin fines de lucro, que busca contribuir a asegurar el acceso igualitario para todas las personas a la educación, a los recursos y a los espacios de toma de decisiones.
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- Informe Socio Jurídico sobre Decretos Legislativos Vinculados a Derechos de Pueblos Indígenas (PDF, 47 páginas).
Esa es una de las conclusiones del informe socio jurídico elaborado por la doctora Patricia Urteaga Crovetto y que ha sido elaborado por encargo de la institución danesa de cooperación solidaria IBIS.
La conclusión señalada es más evidente, aún, “cuando el Gobierno busca homogenizar el régimen legal de las tierras de las comunidades de costa, sierra y selva, desconociendo las diferencias fundamentales que existen entre ellas” señala el informe.
Una primera conclusión es que algunos de los Decretos Legislativos dados en el marco de la reglamentación para la implementación de Tratado de Libre Comercio vulneran “el principio de seguridad jurídica respecto a las tierras comunales al flexibilizar el marco de adopción de decisiones para la disposición de las mismas para convertirlas en bienes transables en el mercado”.
Una segunda conclusión es que al mismo tiempo que vulneran los derechos indígenas “estas normas buscan crear o fortalecer un mercado de recursos naturales, que son convertidos en bienes económicos (agua, bosques, tierras, fauna silvestre, etc.)”.
“Sin embargo, aquí el Gobierno estaría partiendo de la falsa premisa de que las comunidades están en igualdad de condiciones con los actores económicos más fuertes para negociar sobre estos bienes” indica el documento.
Una tercera conclusión es que en el afán de liberalizar la economía el Gobierno estaría poniendo en riesgo el aporte de las comunidades a la agricultura, agudizando la crisis alimentaria, pues los mercados incentivarán la siembra de productos que son más rentables y, no necesariamente, los que complementen la dieta alimenticia de la población”. Esto conllevará que se agudice la escasez de alimentos y se dependa más de los mercados externos.
De igual modo se desarticularán las redes alrededor de economías de pequeña escala, lo que traerá consecuencias negativas sobre estos pequeños agricultores y sus familias al ponerse en riesgo las pequeñas propiedades de los pequeños agricultores.
Una cuarta conclusión es que, previsiblemente, al ponerse en el mercado las tierras comunales, los agentes de mayor capacidad económica las adquirirán, entre ellos compañías mineras y petroleras, lo que podría contribuir a incrementar la contaminación de las tierras y los recursos naturales.
Ello pondría en riesgo las fuentes de agua, los derechos y las prácticas que sobre los recursos naturales tienen y usan los pueblos y comunidades indígenas.
El informe se elaboró con la finalidad de contar con una evaluación técnicamente consistente, sobre la existencia de vulneración de derechos de pueblos indígenas, ubicados en el Convenio 169 de la OIT suscrito por el Estado Peruano.
IBIS es una organización danesa, con principios democráticos, con independencia política y sin fines de lucro, que busca contribuir a asegurar el acceso igualitario para todas las personas a la educación, a los recursos y a los espacios de toma de decisiones.
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