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AIDESEP, 25 de septiembre de 2008. “Lamentamos mucho que el ministro de Ambiente, Antonio Brack esté tan equivocado, que no tenga un análisis responsable sobre nuestra plataforma de diálogo y que mienta reiteradamente y con mucha impunidad, tratando de confundir al país; ahora entendemos por qué el presidente de la República no tiene clara las cosas, pues su propio ministro se encarga de desinformarlo y dejarlo mal ante todos los peruanos”.
De esta manera, Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, respondió a las declaraciones del titular del sector que ayer en la noche en un programa periodístico, se encargó –una vez más- de tergiversar la verdad y no explicar los verdaderos hechos de la protesta amazónica.
El dirigente nacional refirió que es mentira que AIDESEP pretenda un nuevo ministerio de Educación, pues somos conscientes y no abonaremos al alto costo burocrático que enfrenta nuestro país; sino que nuestra propuesta es una reconversión de la actual institución por una Educación Intercultural Bilingüe y un ministerio de Salud Intercultural. Pizango refirió que este pedido se sustenta en el Mapa Etnolingüístico del Perú y donde detalla que existen 72 etnias; siete ubicadas en la zona andina y 65 en el área amazónica, las cuales agrupa a 14 familias lingüísticas y que necesitan una atención urgente de parte del Estado.
Respecto a la necesidad que el Proyecto Especial de Titulación de Tierras – PETT y no COFOPRI sea el encargo de la titulación del territorio de las comunidades campesinas y nativas del país, Pizango Chota sostuvo que existen razones fundamentales para que esta situación no suceda. En primer lugar, está el hecho que COFOPRI tiene especialidad en el saneamiento físico – legal de la propiedad predial, situación completamente diferente a la propiedad rural pues está ligada íntimamente a la actividad agrícola de la cual no se puede desprender.
“Pero lo más grave de la situación es que esta acción le corresponde al ministerio de Agricultura, pues las comunidades corren el peligro que si la cartera de Vivienda y Construcción se encarga de este proceso y, debido a su línea de acción, a la promoción de la titulación de la propiedad rural individual y por ende, la parcelación de los territorios comunales, logrando de esta manera la EXTINCIÓN DE LA PROPIEDAD COMUNAL y con ello, la extinción de la identidad cultural de nuestros pueblos”, precisó.
En el plano legal, sostuvo que el Decreto Supremo 005-2007-VIVIENDA –que aprueba la fusión del PETT a COFOPRI- es ilegal e inconstitucional pues el PETT fue creado a través de un decreto ley y su extinción, modificación o absorción debe ser determinada por otra norma jurídica de similar o mayor jerarquía, ocurriendo una colisión de normas jurídicas. Además, el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 6° dispone que los Estados deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas y por eso debió consultarnos sobre la extinción del organismo.
CONAP y el gobierno
Sin embargo, indicó el líder indígena, lo que más llamó su atención fue escuchar que el ministro de Ambiente dijo que CONAP no tenía ningún tipo de relación con el gobierno, desconociendo el convenio marco que firmó la seudo representación indígena con Perupetro el 25 de mayo de 2007, y con una vigencia de tres años y publicado en todos los medios de comunicación oficialistas y opositores.
“Y al escuchar estas declaraciones, lamentamos mucho que el titular del sector insista en mentir, en negar la realidad, en dar la espalda al pueblos indígena. Nos acusan de violentista y solo queremos decir que los pueblos no son violentos, que no participaremos en ninguna paralización, que no bloquearemos carreteras, sino lo único que demandamos es respeto y el cumplimiento de nuestros derechos. Nuestros pueblos no son delincuenciales, pero así como nosotros respetamos y honramos nuestra palabra ante el gobierno, queremos que nuestros derechos indígenas sean respetados y no ninguneados por un gobierno sordo”, concluyó.
De esta manera, Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, respondió a las declaraciones del titular del sector que ayer en la noche en un programa periodístico, se encargó –una vez más- de tergiversar la verdad y no explicar los verdaderos hechos de la protesta amazónica.
El dirigente nacional refirió que es mentira que AIDESEP pretenda un nuevo ministerio de Educación, pues somos conscientes y no abonaremos al alto costo burocrático que enfrenta nuestro país; sino que nuestra propuesta es una reconversión de la actual institución por una Educación Intercultural Bilingüe y un ministerio de Salud Intercultural. Pizango refirió que este pedido se sustenta en el Mapa Etnolingüístico del Perú y donde detalla que existen 72 etnias; siete ubicadas en la zona andina y 65 en el área amazónica, las cuales agrupa a 14 familias lingüísticas y que necesitan una atención urgente de parte del Estado.
Respecto a la necesidad que el Proyecto Especial de Titulación de Tierras – PETT y no COFOPRI sea el encargo de la titulación del territorio de las comunidades campesinas y nativas del país, Pizango Chota sostuvo que existen razones fundamentales para que esta situación no suceda. En primer lugar, está el hecho que COFOPRI tiene especialidad en el saneamiento físico – legal de la propiedad predial, situación completamente diferente a la propiedad rural pues está ligada íntimamente a la actividad agrícola de la cual no se puede desprender.
“Pero lo más grave de la situación es que esta acción le corresponde al ministerio de Agricultura, pues las comunidades corren el peligro que si la cartera de Vivienda y Construcción se encarga de este proceso y, debido a su línea de acción, a la promoción de la titulación de la propiedad rural individual y por ende, la parcelación de los territorios comunales, logrando de esta manera la EXTINCIÓN DE LA PROPIEDAD COMUNAL y con ello, la extinción de la identidad cultural de nuestros pueblos”, precisó.
En el plano legal, sostuvo que el Decreto Supremo 005-2007-VIVIENDA –que aprueba la fusión del PETT a COFOPRI- es ilegal e inconstitucional pues el PETT fue creado a través de un decreto ley y su extinción, modificación o absorción debe ser determinada por otra norma jurídica de similar o mayor jerarquía, ocurriendo una colisión de normas jurídicas. Además, el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 6° dispone que los Estados deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas y por eso debió consultarnos sobre la extinción del organismo.
CONAP y el gobierno
Sin embargo, indicó el líder indígena, lo que más llamó su atención fue escuchar que el ministro de Ambiente dijo que CONAP no tenía ningún tipo de relación con el gobierno, desconociendo el convenio marco que firmó la seudo representación indígena con Perupetro el 25 de mayo de 2007, y con una vigencia de tres años y publicado en todos los medios de comunicación oficialistas y opositores.
“Y al escuchar estas declaraciones, lamentamos mucho que el titular del sector insista en mentir, en negar la realidad, en dar la espalda al pueblos indígena. Nos acusan de violentista y solo queremos decir que los pueblos no son violentos, que no participaremos en ninguna paralización, que no bloquearemos carreteras, sino lo único que demandamos es respeto y el cumplimiento de nuestros derechos. Nuestros pueblos no son delincuenciales, pero así como nosotros respetamos y honramos nuestra palabra ante el gobierno, queremos que nuestros derechos indígenas sean respetados y no ninguneados por un gobierno sordo”, concluyó.
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