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La Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) denunció la destrucción y saqueo total de sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Santa Cruz y ratificó la lucha por la aprobación de la nueva Constitución Política donde se reconocen los derechos indígenas.
Santa Cruz es el departamento donde se encuentra el grupo opositor más radical al gobierno de Evo Morales y el principal foco de los actos de vandalismo desatados en las últimas semanas.
Ramiro Galindo, secretario de organización de la CPESC, señaló que el pasado 13 de septiembre un grupo de vándalos, promovidos por la prefectura de Santa Cruz y el Comité Cívico, ingresó a las instalaciones de la organización y destruyó y robó todo cuanto encontraba a su paso.
“Es lamentable, como en unas horas, destruyeron el trabajo de años que hicieron hombres y mujeres indígenas por levantar las paredes de nuestra organización, un lugar donde nos reuníamos para defender nuestros derechos” indicó.
Adeneide Surapo, dirigente de la CPESC, manifestó también su profundo pesar por el saqueo de la denominada “Casa Grande” de los indígenas.
“A pesar de ver todo destruido los pueblos indígenas chiquitano, ayoreo y yucare mojeño seguimos firmes en la lucha por la defensa y reconocimiento de nuestros derechos como pueblos” indicó Surapo.
“Pueden haber destruido cosas materiales pero el sentimiento de lucha y justicia que tiene cada pueblo, cada comunidad y familia indígena de Santa Cruz no va a ser callado, ni amedrentado, el tiempo nos va dar la razón cuando logremos lo que estamos buscando, una Bolivia más inclusiva y respetuosa de sus pueblos indígenas” afirmó Ramiro Galindo.
Los dirigentes de la CPESC denunciaron que el asalto a su local estuvo dirigido por ex dirigentes que en el pasado fueron expulsados del movimiento indígena.
“Exigimos que se sancione con todo el peso de la ley a quienes solapados y financiados por el prefecto de Santa Cruz y el presidente del Comité Cívico destruyeron nuestra sede” indicaron.
“Todas las personas han sido plenamente identificadas. Se trata de funcionarios de la prefectura tales como Fernando Chiqueno, Jorge Picanerai, José Urañavi, David Perez, Amalio Siyé, Carmelo Justiniano y otros que deben ser aprendidos, enjuiciados y encarcelados” demandaron.
Finalmente, los pueblos indígenas de Santa Cruz, ratificaron su voluntad de defender el nuevo texto Constitucional y rechazar cualquier modificación que atente contra sus demanda históricas.
Entre ellas se encuentran la Autonomía indígena, el Estado plurinacional, la representación directa en el Poder Legislativo y sus derechos colectivos a la tierra y el territorio.
Santa Cruz es el departamento donde se encuentra el grupo opositor más radical al gobierno de Evo Morales y el principal foco de los actos de vandalismo desatados en las últimas semanas.
Ramiro Galindo, secretario de organización de la CPESC, señaló que el pasado 13 de septiembre un grupo de vándalos, promovidos por la prefectura de Santa Cruz y el Comité Cívico, ingresó a las instalaciones de la organización y destruyó y robó todo cuanto encontraba a su paso.
“Es lamentable, como en unas horas, destruyeron el trabajo de años que hicieron hombres y mujeres indígenas por levantar las paredes de nuestra organización, un lugar donde nos reuníamos para defender nuestros derechos” indicó.
Adeneide Surapo, dirigente de la CPESC, manifestó también su profundo pesar por el saqueo de la denominada “Casa Grande” de los indígenas.
“A pesar de ver todo destruido los pueblos indígenas chiquitano, ayoreo y yucare mojeño seguimos firmes en la lucha por la defensa y reconocimiento de nuestros derechos como pueblos” indicó Surapo.
“Pueden haber destruido cosas materiales pero el sentimiento de lucha y justicia que tiene cada pueblo, cada comunidad y familia indígena de Santa Cruz no va a ser callado, ni amedrentado, el tiempo nos va dar la razón cuando logremos lo que estamos buscando, una Bolivia más inclusiva y respetuosa de sus pueblos indígenas” afirmó Ramiro Galindo.
Los dirigentes de la CPESC denunciaron que el asalto a su local estuvo dirigido por ex dirigentes que en el pasado fueron expulsados del movimiento indígena.
“Exigimos que se sancione con todo el peso de la ley a quienes solapados y financiados por el prefecto de Santa Cruz y el presidente del Comité Cívico destruyeron nuestra sede” indicaron.
“Todas las personas han sido plenamente identificadas. Se trata de funcionarios de la prefectura tales como Fernando Chiqueno, Jorge Picanerai, José Urañavi, David Perez, Amalio Siyé, Carmelo Justiniano y otros que deben ser aprendidos, enjuiciados y encarcelados” demandaron.
Finalmente, los pueblos indígenas de Santa Cruz, ratificaron su voluntad de defender el nuevo texto Constitucional y rechazar cualquier modificación que atente contra sus demanda históricas.
Entre ellas se encuentran la Autonomía indígena, el Estado plurinacional, la representación directa en el Poder Legislativo y sus derechos colectivos a la tierra y el territorio.
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