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El relator especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, instó al Gobierno de Brasil a “escuchar” a los indígenas antes de diseñar proyectos de desarrollo cercanos a sus reservas.
“Los programas de desarrollo deben estar en perfecta armonía con los deseos de los indígenas”, dijo Anaya durante una rueda de prensa en Brasilia, donde hoy concluyó una visita de doce días al país.
El relator de las Naciones Unidas alertó en particular sobre los alcances del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), un vasto y ambicioso plan de construcción de infraestructuras presentado por el Gobierno brasileño a inicios del año pasado.
“El PAC prioriza el desarrollo, pero a veces en esos planes no se escucha ni se consulta a los indígenas”, declaró Anaya.
“He escuchado quejas (de indios) de que estos programas provocan un tipo de desarrollo que no tiene en cuenta las particularidades de los pueblos indígenas, sobre todo en cuanto a la demarcación de las tierras, lo cual en muchos casos crea tensión”, indicó.
Anaya, indígena estadounidense de la etnia apache, declinó citar casos particulares, pero aludió así a las protestas que, en algunos sitios del país, han generado las obras del PAC que se construyen dentro de reservas indígenas o en zonas aledañas.
El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tampoco quiso pronunciarse sobre un fallo que esta semana deberá dictar el Supremo Tribunal de Brasil, en relación con la actividad de empresarios arroceros en una reserva creada por el Gobierno en el estado de Roraima, cerca de la frontera con Venezuela.
La reserva conocida como “Raposa do Sol” fue delimitada en abril de 2005 y ocupa 1,7 millones de hectáreas (7,7 por ciento del estado de Roraima), habitadas por unos 18.000 miembros de las etnias macuxí, taurepang, wapixana, ingarikó y patamona.
Este año el Gobierno brasileño decidió expulsar con ayuda de la policía a empresarios instalados en esas tierras desde antes de la creación de la reserva, pero estos apelaron a la justicia y aún permanecen en la zona.
El Supremo Tribunal deberá decidir el próximo miércoles si los empresarios tienen derecho a continuar en la región, a pesar de que ahora forma parte de una reserva indígena, o si definitivamente deben abandonar la zona.
“Los indios sólo quieren mantener la integridad de la reserva que ha sido demarcada”, dijo Anaya, y evitó profundizar sobre el asunto, que mantiene en tensión a los indígenas de “Raposa do Sol”.
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“Los programas de desarrollo deben estar en perfecta armonía con los deseos de los indígenas”, dijo Anaya durante una rueda de prensa en Brasilia, donde hoy concluyó una visita de doce días al país.
El relator de las Naciones Unidas alertó en particular sobre los alcances del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), un vasto y ambicioso plan de construcción de infraestructuras presentado por el Gobierno brasileño a inicios del año pasado.
“El PAC prioriza el desarrollo, pero a veces en esos planes no se escucha ni se consulta a los indígenas”, declaró Anaya.
“He escuchado quejas (de indios) de que estos programas provocan un tipo de desarrollo que no tiene en cuenta las particularidades de los pueblos indígenas, sobre todo en cuanto a la demarcación de las tierras, lo cual en muchos casos crea tensión”, indicó.
Anaya, indígena estadounidense de la etnia apache, declinó citar casos particulares, pero aludió así a las protestas que, en algunos sitios del país, han generado las obras del PAC que se construyen dentro de reservas indígenas o en zonas aledañas.
El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tampoco quiso pronunciarse sobre un fallo que esta semana deberá dictar el Supremo Tribunal de Brasil, en relación con la actividad de empresarios arroceros en una reserva creada por el Gobierno en el estado de Roraima, cerca de la frontera con Venezuela.
La reserva conocida como “Raposa do Sol” fue delimitada en abril de 2005 y ocupa 1,7 millones de hectáreas (7,7 por ciento del estado de Roraima), habitadas por unos 18.000 miembros de las etnias macuxí, taurepang, wapixana, ingarikó y patamona.
Este año el Gobierno brasileño decidió expulsar con ayuda de la policía a empresarios instalados en esas tierras desde antes de la creación de la reserva, pero estos apelaron a la justicia y aún permanecen en la zona.
El Supremo Tribunal deberá decidir el próximo miércoles si los empresarios tienen derecho a continuar en la región, a pesar de que ahora forma parte de una reserva indígena, o si definitivamente deben abandonar la zona.
“Los indios sólo quieren mantener la integridad de la reserva que ha sido demarcada”, dijo Anaya, y evitó profundizar sobre el asunto, que mantiene en tensión a los indígenas de “Raposa do Sol”.
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