Perú: La soberbia, la estupidez y la ignorancia del gobierno aprista

19 de agosto del 2008

Las declaraciones de Jorge del Castillo, el Premier de las Transnacionales (1), no dejan la menor duda de que si algo caracteriza al gobierno alanista en el manejo de los conflictos sociales es la soberbia, la estupidez y la ignorancia como paso a demostrar.
Soberbia. Porque el gobierno se envanece en las alturas de hacer las cosas bien, de no cometer errores. Y cuando se suscita algún conflicto social los únicos culpables son agentes externos, ya se trate de los “chavistas” y sus casas del ALBA, los “nacionalistas” de Ollanta, los izquierdistas de “Patria Roja” y, cuando no, las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Es decir, según Alan García y Jorge del Castillo, el gobierno no hace nada malo que pueda provocar la indignación popular. Si algún conflicto se presenta solo puede ser por “infiltrados” que perturban la paz social y manipulan con bastante arte a la población.
Estupidez. Porque solo un gobierno de torpeza notable puede creerse infalible y no darse cuenta de los gruesos errores que viene cometiendo de forma permanente y que agreden la inteligencia de los ciudadanos.
El actual gobierno se ha quitado hace tiempo la máscara de partido popular y viene obrando diligentemente y con desembozo a favor de las grandes empresas transnacionales.
Por eso redujo unilateralmente los aranceles, por eso intentó declarar 20 proyectos mineros de interés nacional, por eso ha modificado la Decisión 486 de la CAN y así desproteger nuestros conocimientos colectivos, y así un largo número de acciones antinacionales.
Hay que ser francamente estúpido o hipócrita para pretender seguir engañando al pueblo y fungir de partido popular mientras se remata el país al mejor postor.
Ignorancia. El gobierno de Alan García ha develado al partido aprista como un partido anacrónico, sin propuestas ni imaginación, que levanta las banderas del discurso neoliberal, en momentos en que el programa neoliberal está en franco retroceso o revisión.
Es por esto que el gobierno aprista no sabe de qué trata la inclusión social y menos aún por qué son necesarias las políticas públicas interculturales en un país de tan grande diversidad como el Perú.
Por esta razón el gobierno actual eliminó el Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) y desconoce la realidad amazónica, parte muy importante de la realidad nacional (2).
Esta ignorancia del gobierno se produce a pesar que Juan Manuel Figueroa, brazo derecho y de confianza de Jorge del Castillo, estuvo un tiempo a cargo del INDEPA, donde lamentablemente desaprovechó la oportunidad de conocer las demandas indígenas. Hoy, Figueroa, trabaja en la Presidencia del Consejo de Ministros en la “prevención de conflictos”, una práctica profundamente extraña a este gobierno.
Algunas reflexiones y conclusiones
La lucha de los pueblos indígenas amazónicas es harto justa y legítima por los siguientes motivos:
- Los decretos legislativos que se refieren a los pueblos indígenas se han expedido violando el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la OIT que tiene fuerza de ley en el Perú y que tratándose de un convenio o tratado de derechos humanos tiene mayor jerarquía jurídica que otras normas legales (ver análisis del CAAAP, nota 3).
- Los decretos legislativos se han dado por el Poder Ejecutivo con viveza criolla, anticipándose a las decisiones del Congreso de la República, y a pesar que existían análisis desfavorables elaborados por la Defensoría del Pueblo.
- Los decretos legislativos en su mayoría transgreden las facultades concedidas por el Congreso de la República pues las disposiciones no se vinculan con el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos e implican además una reforma jurídica de grandes dimensiones para las cuales no estaba autorizado (ver informe de jurista Francisco Eguiguren, nota 4). Si bien esta es una razón jurídica formal es suficiente para derogar los decretos en cuestión o declarar su inconstitucionalidad.
- Los pueblos indígenas han agotado con suma paciencia todas las vías del diálogo con el actual gobierno. El gobierno de Alan García no ha querido escuchar las propuestas de los pueblos indígenas y ha obrado de espaldas y contra él, los ha atacado y agredido como si no fueran ciudadanos peruanos.
Los discursos y las políticas del “perro del hortelano” (5) han sido declaraciones públicas ofensivas que no han dejado la menor duda de que para el actual gobierno las comunidades son estorbos históricos que hay que dejar de lado o desaparecer. Si hoy las organizaciones han decidido recurrir a las vías de hecho es porque han sido arrinconadas y no tienen otra forma de llamar la atención de las autoridades.
- Quienes piensan que con medidas represivas van a contener la indignación y la protesta indígena están bastante equivocados. Los pueblos indígenas constituyen parte importante de la reserva moral del país y una de las fuentes de identidad nacional. Si hoy están en pie de lucha no lo hacen por llamar la atención o por intereses políticos sulbalternos. Lo hacen por defender la vida y el territorio que son los valores sagrados de los pueblos

Perú: Defensoría del Pueblo pide que Tribunal resuelva inconstitucionalidad de decreto legislativo

19 de agosto de l 2008
La Defensoría del Pueblo informó hoy que envió un escrito pidiendo al Tribunal Constitucional que la demanda de inconstitucionalidad interpuesta el 30 de mayo de 2008 contra el Decreto Legislativo Nº 1015 “sea calificada y resuelta con la celeridad que exigen las circunstancias”.
Asimismo, precisó que el Decreto Legislativo 1073, que modificó el D.L. 1015, “no resuelve todos los problemas de inconstitucionalidad planteados por la Defensoría del Pueblo”.
La Defensoría reiteró que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas “tiene rango legal y, por consiguiente, el Estado está obligado a darle estricto cumplimiento, en particular a las normas referidas al derecho a la consulta y a la participación”.
la Defensoría del Pueblo invoca tanto a las dirigencias indígenas como a las instituciones del Estado “a reiniciar el diálogo suspendido” pues la búsqueda de soluciones “requiere el compromiso de ambas partes y la generación de un clima de no violencia que propicie la adopción de acuerdos duraderos”.
La Defensoría recordó asimismo que el estado de emergencia decretado no supone “la ausencia del Estado de Derecho, y no anula la vigencia de los derechos fundamentales. Tampoco limita la intervención de la Defensoría del Pueblo, ni restringe las atribuciones de las autoridades democráticamente constituidas”.
La Defensoría también enfatizó que las medidas de fuerza “dirigidas a bloquear vías de comunicación, tomar instalaciones de generación y distribución de energía, o a causar daños a la propiedad pública o privada, no se encuentran amparadas por ningún derecho constitucional”.
“La protesta es una de las formas de la crítica que permite poner en evidencia situaciones de injusticia y, por ello, debe ser preservada del desprestigio que acarrean la agresión y el daño infligidos, sobre todo, a personas inocentes, ajenas a los asuntos en disputa” señala el comunicado.
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Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo
Ante los acontecimientos que están ocurriendo en distintas zonas de la Amazonía peruana, como consecuencia de la controversia generada en torno a la reciente regulación de las tierras de las comunidades nativas, la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus funciones constitucionales, expresa lo siguiente:
Estamos remitiendo al Tribunal Constitucional una comunicación escrita solicitando que la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por nuestra institución, el 30 de mayo del 2008, contra el Decreto Legislativo Nº 1015, sea calificada y resuelta con la celeridad que exigen las circunstancias. Asimismo, precisamos que la emisión del Decreto Legislativo Nº 1073, modificatorio del Decreto Legislativo Nº 1015, no resuelve todos los problemas de inconstitucionalidad planteados por la Defensoría del Pueblo.
Reiteramos que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, ratificado por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa Nº 26253, del 2 de diciembre de 1993, tiene rango legal y, por consiguiente, el Estado está obligado a darle estricto cumplimiento, en particular a las normas referidas al derecho a la consulta y a la participación. En tal sentido, corresponde aplicar las disposiciones del Convenio cuando el Estado elabore y apruebe disposiciones legislativas o administrativas relacionadas con los pueblos indígenas.
De acuerdo con la Constitución Política del Perú, toda persona, individualmente o en forma colectiva, goza de los derechos fundamentales de reunión y manifestación, así como de libertad de expresión y circulación.
Sin embargo, es del caso recordar enfáticamente que las medidas de fuerza dirigidas a bloquear vías de comunicación, tomar instalaciones de generación y distribución de energía, o a causar daños a la propiedad pública o privada, no se encuentran amparadas por ningún derecho constitucional y, antes bien, constituyen acciones ilegales e inadmisibles que afectan a los derechos de los demás ciudadanos. La protesta es una de las formas de la crítica que permite poner en evidencia situaciones de injusticia y, por ello, debe ser preservada del desprestigio que acarrean la agresión y el daño infligidos, sobre todo, a personas inocentes, ajenas a los asuntos en disputa.
Por ende, la Defensoría del Pueblo invoca, tanto a las dirigencias de las comunidades nativas como a las instituciones del Estado concernidas, a reiniciar el diálogo suspendido, pues somos conscientes de que la búsqueda de soluciones requiere el compromiso de ambas partes y la generación de un clima de no violencia que propicie la adopción de acuerdos duraderos.
Conviene recordar, por otra parte, que el estado de emergencia decretado no supone, en modo alguno, la ausencia del Estado de Derecho, y no anula la vigencia de los derechos fundamentales. Tampoco limita la intervención de la Defensoría del Pueblo, ni restringe las atribuciones de las autoridades democráticamente constituidas.
En razón de ello, el personal de la Defensoría del Pueblo de las oficinas de Amazonas, Loreto, San Martín y Cusco estarán presentes en las zonas críticas para contribuir a favorecer el diálogo, exhortar a la tranquilidad e intervenir humanitariamente ante situaciones que puedan comprometer la vida o la salud de las personas.
En lo que respecta al uso de la fuerza, la Defensoría del Pueblo invoca a las autoridades a ejercerla en el marco del principio de legalidad, de la estricta necesidad de su empleo, así como de manera proporcional al daño o peligro que se pretende conjurar, únicas condiciones que garantizan su utilización respetuosa con relación a los derechos fundamentales.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado público a las dirigencias de las comunidades nativas y al Estado a privilegiar el diálogo, preservar la paz y la tranquilidad y a demostrar la mayor voluntad de entendimiento.

Ashaninkas y yaneshas del Valle Pichis paralizan Puerto Bermúdez

18 de agosto de 2008. Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución, región Pasco, se unieron al paro amazónico y por la defensa de su territorio, exigiendo la derogatoria inmediata de los DL 1073 (ex 1015) y 1064, así como el cumplimiento de la plataforma que se elaboró en conjunto y del Convenio 169 de la OIT.

Las organizaciones de UNAY y ANAP, asociadas a ARPI SC, iniciaron la medida adoptada, pidiendo permiso y fuerzas a sus ancestros para resistir en la lucha emprendida. Luego se movilizaron por las principales calles, y en grupos organizaron piquetes; que tomar parte de la Carretera Marginal que los comunica con La Merced y Pucallpa; y los puertos de la ciudad.

Alrededor de 80 hermanos y hermanas indígenas se movilizaron por las principales arterias de la ciudad; ningún establecimiento comercial, ni institución abrieron sus puertas. Bajo la consigna ¡El territorio no se vende, el territorio se defiende!, ¡Están cansados no, combativos si, con la lucha del Pueblo Indígena nadie se cansa! Y ¡Tierras no, Territorios Si!, entregaron la PLATAFORMA al teniente gobernado, quien es el representante del Estado en la zona. Las organizaciones y asociaciones de base del distrito se sumaron a la medida emprendida por el movimiento indígena

Después de la movilización sostuvieron una reunión de Evaluación, en la cual los jefes de las comunidades y los representantes de las asociaciones, se comprometieron a no claudicar en la lucha emprendida por la defensa de sus territorios; así mismo Ratificaron la Insurgencia Indígena.

Comunidades del río Urubamba se unen al paro pacífico

19 de agosto de 2008. Las comunidades de la Cuenca del Río Urubamba (Machiguengas, Ashaninkas, Yine-Yami, Kakintes, Awajun y otros) respaldaron el paro pacífico de los pueblos indigenas amazónicos del Perú contra el paquete de medidas legislativas otorgadas por el gobierno peruano, en desmedro de los derechos de nuestro Pueblo Indígena Amazónico.

En Quillabamba se realizó una movilización pacífica de los hermanos indígenas que se encuentran de paso en esta ciudad realizando diversos trámites y gestiones, así como hermanos residentes en esta ciudad (Estudiantes, Profesores y Trabajadores), la misma que tuvo el apoyo de las organizaciones de base de la provincia de la Convención (Federación de Campesinos, Federación de Trabajadores, Municipalidad Provincial de La Convención y otros), quienes se sumaron a la movilización.

En La Convención, región Cusco; las comunidades nativas, al conocer sobre el rompimiento del dialogo debido a que el interlocutor del gobierno no estaba investido de autoridad de decisión para consensuar sobre la plataforma de lucha planteada por los PUEBLOS INDIGENAS AMAZONICOS DEL PERU, anuncio radicalizar su medida de lucha, en los territorios de sus comunidades, en los que se tienen actividades hidrocarburíferas y exigieron al estado peruano dar solución inmediata a sus justos reclamos.

No hay diálogo si paro nativo continúa, "el gobierno condiciona"

El Gobierno ratificó ayer al ministro Antonio Brack como interlocutor del Ejecutivo ante la dirigencia indígena y advirtió que las conversaciones no se reanudarán mientras persistan las medidas de fuerza" alt="Imagen de la nota" width="486" />
Por Norka Peralta Liñán
A las 3:30 p.m. de ayer Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a las organizaciones indígenas que desde hace nueve días acatan un paro, recibió una llamada del primer ministro Jorge del Castillo. Era la primera vez que ambos dialogaban.
Según voceros de Aidesep, el presidente del Consejo de Ministros le hizo saber a Pizango que el Gobierno había decidido no reanudar el diálogo suspendido el último viernes 15 mientras el paro en la Amazonía prosiguiera. También le comunicó que si las estaciones petroleras continuaban paralizadas, los dirigentes nativos serían procesados judicialmente.
Horas antes, el Consejo de Ministros se había reunido en Palacio de Gobierno para evaluar qué medidas se adoptarían frente al paro. En esa reunión, en contra de las demandas indígenas, se ratificó al ministro Antonio Brack como interlocutor del Ejecutivo en estas negociaciones. La Aidesep había solicitado el último sábado que ese papel fuera asumido por Jorge del Castillo.
"Vamos a esperar a que se levante el paro amazónico para seguir conversando con la mayor buena voluntad", sostuvo el ministro de Ambiente, en declaraciones a la prensa a su salida de la sesión del Consejo de Ministros.
Del Castillo precisó que el Ejecutivo no iba a aceptar ningún tipo de veto contra el ministro Brack, ni "las acciones de violencia con que ese sector pretende dañar las instalaciones de bombeo y la planta de Las Malvinas, en Camisea". "No se puede permitir bajo ninguna consideración la interrupción del suministro del gas natural a la costa, porque eso significaría el colapso del sistema eléctrico nacional", precisó. Al respecto, refirió que el Gobierno ya había dado las disposiciones para liberar las zonas tomadas por los indígenas y procesar judicialmente a quienes están detrás de los referidos actos de violencia.
PUENTE CORRAL QUEMADOPor la tarde, estas medidas fueron comunicadas por el propio primer ministro a Pizango, quien dijo, a los periodistas que se comunicaron con él vía telefónica, que el paro era acatado por decisión de las bases de las organizaciones nativas en la Amazonía. Por ello, la medida no podía ser levantada por Aidesep.
Sin embargo, la Aidesep había previsto ayer comunicarse con los dirigentes de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (Orpian) para pedirles que despejaran el puente Corral Quemado, a la altura del kilómetro 196 de la carretera Fernando Belaunde.
Por segundo día consecutivo esa parte de la vía se encontraba bloqueada al tránsito terrestre por más de mil indígenas de la etnia aguaruna-huambisa. Decenas de vehículos permanecían varados en ese tramo que ha sido cerrado con árboles y piedras.
El bloqueo del puente Corral Quemado afecta el tránsito de los vehículos que se desplazan de la costa a las regiones de Amazonas y San Martín.
PROBLEMAS EN ARAMANGOA 60 kilómetros de Bagua se encuentra el distrito de Aramango (Amazonas). Desde ese punto, se trasladan los indígenas que bloquearon el puente Corral Quemado. En esa localidad también se produjo ayer el primer enfrentamiento entre policías y nativos.
Según el doctor Éber Cuenca Mejía, quien atiende en el centro de salud de Aramango, a las 3:00 p.m. un grupo de policías se dispuso a limpiar una bocatoma del canal que conduce las aguas hacia la central hidroeléctrica El Muyo, que provee de energía eléctrica a las provincias de Bagua y Utcubamba. Esa central dejó de operar a inicios del paro nativo.
La acción policial fue tomada con indignación por los indígenas, quienes les advirtieron a los policías que se retiraran del lugar. Al ver que estos persistían en la limpieza de la bocatoma, los nativos comenzaron a agredirlos. La policía debió usar bombas lacrimógenas para disuadirlos. El enfrentamiento dejó 12 heridos, ocho son policías y cuatro nativos. Dos agentes llevaron la peor parte en medio de la gresca.
Sin embargo, solo el policía Orlando Delgado Rivera fue trasladado al hospital de Bagua y, posteriormente, al hospital Héroes del Cenepa de Essalud. Según información proporcionada por los médicos, Delgado presenta perforación en los intestinos, traumatismo encefalocraneano, contusiones en diversas partes del cuerpo y una herida de lanza cerca del ojo derecho. El otro agente no habría sido evacuado de Aramango por resistencia de los nativos.
CLAVES4El paro nativo se inició el sábado 9. La medida busca que el Gobierno derogue una serie de normas que, a decir de los indígenas, vulneran las tierras de las comunidades nativas.4El viernes 15 se suspendió el diálogo entre los nativos y la comisión del Gobierno que presidió el ministro Brack.4Ambas partes habían llegado a importantes acuerdos, que hoy los nativos desconocen.

Declaran en emergencia a tres provincias y un distrito en Amazonas, Loreto y Cusco

Tras los enfrentamientos con la Policía y bloqueo de vías, el Gobierno adoptó esta medida que durará 30 días en Bagua, Utcubamba, Datem del Marañón y Echarate
El Gobierno declaró el Estado de Emergencia por 30 días en las provincias de Bagua y Utcubamba, del departamento de Amazonas; en la provincia de Datem del Marañón, del departamento de Loreto. También dispuso la Emeregencia en el distrito de Echarate, de la provincia de La Convención, en Cusco.
Según el decreto supremo Nº 058-2008-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, precisa que la medida se toma debido a que los derechos a la libertad y seguridad personales, entre otros, "vienen siendo perturbados por actos de violencia que impiden su normal ejercicio, afectando su normal desenvolvimiento de las actividades en algunas localidades amazónicas del país; poniendo en riesgo la seguridad de estaciones del bombeo del oleoducto nor peruano y de importantes instalaciones gasíferas".
El decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros es firmado por el presidente Alan García, el titular de esa entidad, Jorge del Castillo; el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz; y la ministra de Justicia, Rosario Fernández.

Nueve heridos por enfrentamiento entre policías y nativos en Bagua

amazonas 17 de agosto de 2008
Unos siete policías y dos nativos resultaron heridos durante el enfrentamiento entre las fuerzas del orden e integrantes de la etnia Awajún, en la localidad El Muyo, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, comprobó un reportero de RPP.El choque se registró cuando los agentes intentaban abrir las compuertas para permitir el paso del agua a las turbinas de la central hidroeléctrica El Muyo.Los nativos mantienen bloqueado el canal de agua que alimenta a la hidroeléctrica, lo que ha provocado que varias provincias de Amazonas se queden sin energía eléctrica.La medida de fuerza se ejecuta en rechazo a decenas de decretos gubernamentales que- según señalan los indígenas- atentan contra sus vidas y alientan la venta indiscriminada de tierras de la Amazonía.Los siete policías fueron traslados al hospital "Héroes del Cenepa" de EsSalud, cuyos médicos determinaron que dos efectivos presentan Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) leve o moderado.Los otros cinco policías registran golpes en diversas partes del cuerpo.Otro grupo de nativos awajún decidió cerrar definitivamente el pase peatonal por el puente Corral Quemado, ubicado a la altura del kilómetro 169 de la carretera Fernando Belaunde Ferry, tras enterarse del enfrentamiento suscitado con la Policía Nacional.